Asuntos por los que votamos

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
Asuntos por los que votamos

¿Tiene el Gobierno de la nación alguna responsabilidad en el mantenimiento de la escuela pública como factor de vertebración social y cultural del país? Una cosa es que las comunidades autónomas tengan un amplio margen en el desarrollo curricular de las enseñanzas y otra que puedan cambiar el carácter de la escuela pública convirtiéndola en subsidiaria de la privada concertada, como está ocurriendo en la de Madrid, y como empieza a calar incluso en ayuntamientos socialistas.

Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela "nacional", en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas "nacionalistas", excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.

En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social. Un reciente y gran estudio del Colectivo Lorenzo Luzuriaga advierte de que ese fuerte proceso de deterioro está poniendo claramente en entredicho el futuro de la red.

¿Es esto asunto del Gobierno de la nación o no? El artículo 87 de la LOE dice que serán las "administraciones educativas" las que garantizarán la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Es, se dice, una competencia transferida. La Generalitat de Cataluña está negociando en estos momentos una ley para asegurar ese equilibrio, pero en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo desde hace años una política completamente contraria, que convierte a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada. En Madrid, según van llegando alumnos inmigrantes a la escuela pública, se impulsa la creación de escuelas concertadas a donde se van trasladando los alumnos españoles, o con familias que tienen mayores recursos y mayor nivel educativo.

(...)

EL PAÍS, 06.06.2008